¿Quién quiere ser diputado en Afganistán?
Médicos, mulás, descendientes de señores de la guerra, feministas e incluso un detenido forman parte de la heterogénea lista de candidatos a las legislativas del 20 de octubre en Afganistán, pese a los asesinatos, las amenazas y el temor a los atentados.
Nueve candidatos fueron abatidos cuando estaban en campaña, la mayoría en ataques dirigidos contra ellos.
Los talibanes advirtieron a los candidatos que se retiraran de la carrera electoral y prometieron atacar los colegios electorales y a quienes acudieran a votar. El grupo yihadista Estado Islámico (EI) también llevó a cabo numerosos atentados mortíferos en concentraciones electorales, matando a decenas de personas.
Pero, a pesar de ello, Wida Saghary asegura que no tiene miedo y que no renunciará a convertirse en diputada.
“Siempre he arriesgado mi vida por defender los derechos de las personas, en particular los de las mujeres. Ya no tengo miedo de hacerme diputada”, asegura la militante de 34 años, que se presenta por primera vez.
“Somos muchos los que hemos recibido amenazas, ya vengan éstas de los talibanes o de grupos mafiosos que nos ven como una amenaza”, afirma Ahmad Tamim Rahman, candidato en Kabul. Él asegura que no está “motivado por el poder” sino “indignado por la guerra y la miseria, que no dejan de agravarse”.
Pese al peligro, ser diputado comporta ventajas. Un empleo garantizado durante cinco años con un sueldo mensual de 200.000 afganis (más de 2.300 euros), unas 15 veces el salario medio, incluyendo gastos para vehículos blindados y guardaespaldas.
Varios recién llegados a la política prefieren alegar motivos altruistas, deseando aportar un cambio a un país empobrecido, corrupto, y hacer que se respeten los derechos de los oprimidos, arriesgando su propia vida.
“Hay que ayudar a la juventud y defender los derechos de las mujeres, los colectivos más desatendidos de la sociedad”, sostiene Sangar Amirzada, de 33 años, miembro de la sociedad civil y candidato.
Aún así, Amirzada reconoce que “ya no se respeta a los parlamentarios ” y que “los privilegios de los políticos son una maldición para el país”.
Con más de 2.500 candidatos para solo 249 escaños, los verdaderos motivos de algunos parecen ambiguos.
– ‘Interés general’ –
“Muchos diputados actuales y candidatos ven la diputación y sus privilegios como un medio para enriquecerse o aumentar aún más una riqueza adquirida ilegalmente”, denuncia Rahman. La inmunidad parlamentaria les permite además evitar que se abran diligencias contra ellos.
Abdul Karim Shafaq, candidato en la provincia de Farah (este), espera poder ser elegido desde su celda, donde cumple una pena de dos años de cárcel por fraude, según un portavoz de la oficina del fiscal general.
A muchos afganos, la cámara baja no les parece más que un lugar de corrupción y pequeños chanchullos entre amigos. A los diputados también se les acusa de preferir la capital, Kabul, a sus circunscripciones provinciales.
“No hay muchos diputados buenos, se preocupan poco del interés general y en primer lugar piensan en sus propios intereses. Nos toca a nosotros cambiar eso”, suelta Saghary, afirmando querer abolir la inmunidad, pues ella “ha animado a muchas personas a creerse por encima de la ley”.
Según los resultados de una investigación de Asia Foundation publicada en agosto, solo el 10% de las personas entrevistadas consideran que los diputados “se preocupan de los asuntos nacionales”. El 37% piensa que no solo se preocupan de sus “intereses personales”, mientras que el 35% afirma tener confianza en ellos, doce puntos menos que en 2013.
La oenegé Transparencia Internacional clasificó a Afganistán entre los países más corruptos del mundo, en el puesto 177º de 180.
“Estoy seguro de que su sueldo no les basta para pagar todas las casas y coches que poseen”, apunta, irónico, Thomas Rutting, codirector de la oenegé Afghan Analyst Network (AAN).
Según él, es el nivel de la riqueza y no los buenas intenciones lo que ayudan a resultar elegido en Afganistán, donde la compra de votos es una práctica habitual. “Un miembro de la sociedad civil, mal pagado, no puede competir”, lamenta.
